lunes, 5 de octubre de 2009

CRONOLOGÍA DE LAS TRAICIÓNES PARA LA PAZ EN COLOMBIA


CRONOLOGÍA DE LAS TRAICIÓNES PARA LA PAZ EN COLOMBIA

Las siguientes líneas tienen la intención deve­lar lo absurdo de la guerra civil colombiana, la cual nunca ha sido declarada por ningun gobierno de ese Pais, develar su lógica perversa que hoy no sólo es anacrónica, sino que degeneró hasta la aberración y el delirio de la violencia y el genocidio, bajo la lógica imperial de la otrora “Doctrina de la Seguridad Nacional”, que deri­vó hacia la “Doctrina de Guerra Preventiva” o doctrina Bush y las aplicaciones de ella.
Arribamos a una conclusión que nos atrevemos a plantear como hipótesis de lec­tura: En primer termino entender que el conflicto Colombiano debe ser arrancado de la visión militar y militarista, del planteamiento de otorgar o no la beligerancia a las organizaciones guerrilleras, a favor de un desenlace que es el Acuerdo Humanitario. O, dicho en otras palabras, la “Regulari­zación de la guerra” mediante el reconocimiento del valor de la vida, con el único objetivo de negar y quitar fuerza a la lógica de la muerte y en segundo lugar poder ver la historia desde el principio y no desde el presente y porque no decirlo desde hace unos pocos años.
Colombia es uno de los países más violentos del mundo, se trata de una conducta social que se ha mantenido a lo largo de su his­toria. En el fondo del conflic­to histórico Colombiano está la realidad de una clase dominante, más no dirigente, vinculada fundamentalmente al latifundismo, que ha perpetuado su preeminencia a partir de cuatro elementos cen­trales:
1. La alianza antinacional con las potencias imperiales hegemó­nicas de cada etapa histórica. 2. La vinculación de la eco­nomía al modelo agro y mono ex­portador, a partir de la produc­ción de diversos rubros, tales como añil, tabaco, cueros, café, entre otros, siempre en dependencía de los intereses económi­cos de la potencia dominante. 3. La guerra como herramienta­ social, ideológica y política para la solución de los conflictos de la sociedad, que de esta manera resultan solapados, por lo cual se observa la elevada recurrencia que mencionábamos. 4. El control y manipulación de las herramientas ideológicas en función de presentar una fachada de estabilidad y ejercicio Democráti­co del Estado de Derecho, a partir de la represión, criminalización e invisibilización de toda forma de protesta social.
Aunque la ecuación campo-ciudad se ha revertido desde finales de la década del 40` del siglo XX, eta­pa cuando la violencia política, económica y social se agudizó, la guerra conserva su virulencia en un país altamente urbanizado (80%).
De poco sirvió tener una nue­va Constitución política en 1991, precedida de pactos y acuerdos de paz con importantes sectores de la insurgencia. Los hechos demues­tran una política de exterminio de la oposición, sea cual fuere su origen y su credo político; surgió, con apoyo y permisividad oficial el paramilitarismo, aso­ciado de manera estructural al narcotráfico y a otras formas de economía legal e ilegal.
Pero es importante comprender que la eliminación física del ri­val político, económico, cultural o social, es una práctica de raigambre santanderista que la oligarquía colombiana utilizó y utiliza para conservar sus pri­vilegios de clase y el poder desde la época de Bolívar. Esa marca ha impactado a través de la historia tanto a la propia oli­garquía como al pueblo Colombia­no.
Veamos algunos hitos de esa historia:
25 de septiembre de 1828: intento de asesinato contra el Libertador Simón Bolívar.
4 de junio de 1830: Cae ase­sinado el Mariscal Antonio José de Sucre, crimen cometido por el que sería presidente de la Repú­blica de Colombia, General José María Obando.
12 de abril de 1859: Es asesinado con golpes de hacha en las escalinatas del Capitolio Nacional el general Rafael Uribe Uribe, líder socialista liberal y candidato a la presidencia, segui­dor de los postulados Bolivarianos y colaborador de Cipriano Castro.
9 de abril de 1948: Muere baleado el líder popular Jorge Eliécer Gaitán. La muerte de Gaitán marca el origen de la violen­cia política masiva y de clase y del conflicto armado que trans­curre hasta la actualidad y que fue propiciado, en sus comienzos, desde el gobierno del partido Conservador contra el campesina­do liberal, que se organizó como respuesta armada a la agresión. Siendo los primeros alzados en armas hombres valientes como Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, Jacobo Prias y otros mas quienes formaron las denominadas “Guerrillas Liberales”
Desmovilización de las Guerrillas en 1953
A raíz de los sucesos del 09 de Abril de 1948 y el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitan, se desató el período que se ha conocido en Colombia como el de “La violencia”, que llevo al país a extremos de crueldad, ultrajes, indignidad, despojos y desplazamientos nunca conocidos y que consecuentemente llevo a la clase dirigente política a entregar el poder a las Fuerzas Militares en cabeza del Comandante General para la época (1953), General Gustavo Rojas Pinilla.
Durante esos años, los Guerrilleros de diferentes grupos se habían consolidado y crecido considerablemente en número y regiones controladas, llegándose a afirmar que eran aproximadamente 15.000 combatientes los cuales hacían frente a 20.000 miembros de las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y 5.000 policías.
Esta poderosa guerrilla había consolidado su poder en algunas regiones, especialmente en los Llanos Orientales (oriente del país), en donde organizaron una “República Independiente” a cuya cabeza se encontraban caudillos quienes lograron encausar la violencia hacia otras razones diferentes al odio y la venganza, encontrando en “El poder popular” la razón de ser de su lucha.
Estos jefes Guerrilleros había planteado al anterior presidente de la República (Rafael Urdaneta) su disposición para llevar a cabo una negociación en la que se planteo como parte de sus peticiones una amnistía, libertad inmediata e incondicional para todos los presos de la guerrilla lo mismo que de los colaboradores de la misma, solución a la situación jurídica de los miembros de la Fuerza Pública que se habían sumado al alzamiento, indemnización a la población afectada, cese de la represión y dotar a los cabecillas y algunos seguidores de salvoconductos para el porte de armas de defensa personal.
Estas condiciones no fueron aceptadas por el presidente Urdaneta y la guerrilla siguió su curso, su crecimiento y su organización. Tan pronto asumió el poder, el General Rojas se propuso conseguir la pacificación del país y ofreció la amnistía a los guerrilleros de todos los movimientos que se encontraban en medio de la lucha armada y como muestra de voluntad de paz, ordenó a la fuerza pública el cese unilateral de hostilidades. Las guerrilleras se mostraron dispuestas y en los primeros días del mes de septiembre de 1953 ordenaron el cese de la lucha y presentaron un pliego de 17 puntos con las condiciones para deponer las armas.
Desde entonces los procesos y acuerdos de paz con los grupos in­surgentes, han sido objeto de trai­ciones y engaños que han concluido con la muerte de los líderes des­movilizados o amnistiados y el in­cumplimiento por parte del Gobierno oligárquico Colombiano de lo pactado. Veamos una cronología de estos acuerdos y procesos de paz, entre las cuales es importante señalar las siguientes:
Agosto y septiembre de 1953. Pri­mera desmovilización Guerrillera. Las primeras fuerzas guerrilleras que se habian formado en el Llano, el Tolima, Cundina­marca, el Eje Cafetero, el Mag­dalena Medio, Santander y Antio­quia, en número de 6.500 hombres y mujeres se acogieron a la propues­ta de amnistía formulada por el Gobierno del general Gustavo Ro­jas Pinilla. Los líderes Guada­lupe Salcedo, Jacobo Prías, Dumar Aljure, Eliseo “Cheí­to” Velásquez y muchos otros luego de entregar sus armas y deponer su actitud en contra del gobierno de turno fueron asesinados por el Servicio de Inteligencia Colombiano
Los alzados en armas solo solicita­ban del gobierno Nacional

  1. Reforma agraria democrática.

  2. Paz y cese de las operacio­nes militares contra la pobla­ción campesina.

  3. Apoyo a la productividad del campo y a la comercialización de sus cosechas.

  4. Que se destinara una suma de dinero suficiente para remediar la penosa situación económica que afrontaba la totalidad de los habi­tantes de las regiones afectadas por la violencia.

  5. Que el gobierno facilitara con plenas garantías el pronto retorno al país de los exiliados políticos.

  6. Que el gobierno decretara una ley de amnistía para los delitos políticos cometidos a partir del 9 de abril de 1948.

  7. Que el gobierno garantizara al pueblo de Colombia el pleno goce de los derechos ciudadanos colectivos consagrados en nues­tra Constitución.

  8. Política internacional in­dependiente y de paz. Defensa de la soberanía nacional.

  9. Instrucción y cultura para el Pueblo.

  10. Justicia eficaz y liberta­des democráticas.

  11. Libertades democráticas para el pueblo-

  12. Plena libertad de prensa, de asociación, de re­unión y de palabra.

  13. Libertad de organización para los trabajado­res y reconstrucción del movi­miento obrero y campesino sobre el principio de la unidad sindi­cal.

  14. Amnistía e indultos a los guerrilleros, como medida para propiciar su entrega.
Luego de asesinados todos sus lideres la guerrilla desmovilizada se dedicó a labores productivas y, ante el incumplimiento de lo acordado por el Gobierno de Rojas Pinilla, debió reiniciar su auto­defensa desde noviembre de 1955 cuando sufrió una nueva agresión militar. El Gobierno de Rojas Pinilla fue derrocado por una alianza entre los partidos Liberal y Conserva­dor, quienes inauguraron un perío­do denominado “Frente Nacional”, la versión colombiana del “Pacto de “Punto Fijo” en Venezuela. La amnistía fue decretada por Alberto Lleras Ca­margo, primer presidente de esa etapa.
El espíritu de esta amnis­tía era el “olvido” de las causas sociales, políticas, culturales y económicas del conflicto y, an­tes que una satisfacción a las víctimas fue un instrumento de legitimación de las oligarquías liberal y conservadora enfrenta­das. “Las urgencias del presente pesaban más que las necesidades del pasado”, señaló Camilo To­rres al respecto.

La desmovilización de las gue­rrillas fue consecuencia de un acuerdo de cúpulas, lo que dejó sin soporte político e ideológi­co y sin apoyo logístico a los grupos insurgentes que permanecían bajo la influencia del par­tido liberal burgués. Estos de­gradaron hacia el bandolerismo, atacando a sus propias bases so­ciales durante la parte final de la década del 50’ e inicios de los 60’. Otro sector asumió po­siciones de cuestionamiento al Estado burgués, representado por el Frente Nacional, y aceptó el apoyo político y organizativo de los sectores obreros.

La respuesta del gobierno fue ex­cesiva y sangrienta. Los desorien­tados en ese entonces llamados "Bandoleros" fueron utilizados como grupos de choque contra sus hermanos campesinos y luego caza­dos como fieras. No importaba la posibilidad de capturar y sancio­nar, predominaron los métodos de exterminio en cacerías a muerte, que incluyeron a los familiares, esposas e hijos menores. Los cadá­veres se exhibían públicamente a manera de escarmiento, alli el paramilitarismo aun no conocido era igualmente representado por personajes famosos como el llamado “Sangrenegra"

El impacto de esta etapa en el inconciente colectivo fue pro­fundo. Desde entonces el asesinato y la eliminación física del rival se “naturalizó”, hecho que se refleja, actualmente, en la aceptación pasiva de la barbarie militar y paramilitar. La oligar­quía sembró en el ideario popular un sentimiento de minusvalía y terror frente al hecho político cuestionador de la oligarquía, frente a la ira de los poderosos, en fin, frente a la acción de los aparatos represivos del régimen capitalista. La única opción para sobrevivir al hecho político es, desde entonces, la alternativa que brinda la protesta armada.

Luego de asesinados todos sus lideres la guerrilla desmovilizada se dedicó a labores productivas y, ante el incumplimiento de lo acordado por el Gobierno de Rojas Pinilla, debió reiniciar su auto­defensa desde noviembre de 1955 cuando sufrió una nueva agresión militar. El Gobierno de Rojas Pinilla fue derrocado por una alianza entre los partidos Liberal y Conserva­dor, quienes inauguraron un perío­do denominado “Frente Nacional”, la versión colombiana del “Pacto de “Punto Fijo” en Venezuela. La amnistía fue decretada por Alberto Lleras Ca­margo, primer presidente de esa etapa.

“En Colombia -dijo Jacobo Arenas, Comandante de las FARC-, es más fácil fundar un frente guerrillero que un sindicato”.

El reinicio de la guerra de guerrillas en los años sesenta. El factor insurgente campesi­no, que asumió la alianza con los sectores obreros, intentó esta­blecer zonas de autodefensa y de­sarrollo en las regiones de “Mar­quetalia”, “El Pato”, “Río Chiquito y Guayabero”, en el centro sur del país, simultáneamente adelanta­ban su cualificación política para superar la etapa de tute­la liberal, para asumir una pro­puesta de transformación social para el país.

El gobierno de Guillermo León Valencia lanzó operativos milita­res, en los marcos del Plan LASO (Latinoamerican Security Opera­tion), con el apoyo del gobier­no de EEUU, contra las regiones campesinas en la que actuaban los movimientos de autodefensa que nada tenian que ver con las hoy conocidas Autodefensas unidas de Colombia (AUC). Coin­cidentemente, en esta época la Revolución Cubana sacude el con­tinente, lo que motiva revolucio­nariamente a amplios sectores de las capas medias. Estos dos fac­tores dan lugar al nacimiento de nuevas organizaciones guerrille­ras móviles que expresan, de un lado la alianza obrero campesina, y de otro, el ímpetu revoluciona­rio de las capas medias dirigien­do sectores campesinos. Hablamos de las FARC, el ELN, el EPL.

En esta fase inicial de guerri­llas políticas móviles caen aba­tidos dirigentes de la talla de Ciro Trujillo, el sacerdote Ca­milo Torres, los hermanos Vásquez Castaño y Pedro Vásquez Rendón.

La respuesta al auge de los mo­vimientos insurgentes durante las décadas de los 60’ y 70’, por par­te de EEUU fue la instrumentación de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, cuyo concepto central era el de “enemigo interno”, que a partir de la vieja concepción del “Enemigo militar” hacía de­rivar el concepto regresivo del enemigo de clase.

Y finalmente, en esta fase, en 1970 ocurre el desconocimiento del triunfo elec­toral del ex dictador Gustavo Ro­jas Pinilla por parte del bipar­tidismo liberal conservador, lo que dio origen al “Movimiento 19 de Abril M-19”.

Amnistía General de 1984 El Gobierno de Belisario Betan­cur Cuartas fue impulsor de ges­tiones de paz con los movimien­tos armados, como respuesta a la presión popular que se había ex­presado en poderosos Paros Cívi­cos Nacionales en 1977 (Gobierno de López Michelsen) y 1981 (Ges­tión de Turbay Ayala), así como un agudizamiento de la actividad guerrillera. El temor fundamental que motivó a la oligarquía en este período de “Búsqueda de la paz” fue la inminente coinci­dencia, en la lucha, de los re­volucionarios campesinos y las luchas urbanas y obreras.

La vía escogida fue el desarro­llo de pactos bilaterales de cese al fuego, así:

  1. Con las FARC se firmó el acuerdo de La Uribe. El pacto in­cluyó reformas sociales, reforma agraria, garantías para la rein­corporación social y política, favorabilidad política para el nacimiento de una nueva organi­zación pacífica que permitiera la progresiva inserción de los alzados en armas. Así nació la Unión Patriótica (UP) en 1985.

  2. Con el M-19 y el EPL el pacto bilateral acordó sendos diálogos nacionales para un nue­vo pacto social y político que debía desembocar en una Asamblea Nacional Constituyente.
Cabe destacas que las organizaciones ELN, PRT, MIR-Patria Libre y el Mo­vimiento Armado Quintín Lame no aceptaron la amnistía.

Pero este nuevo panorama chocó con los intereses de los factores internacionales, mientras los gremios económicos oligárquicos se negaron a hacer concesiones económicas, políticas y sociales a la insurgencia, para aclimatar la paz. Los militares agredieron los campamentos de los guerri­lleros en tregua. Fueron asesi­nados 70 amnistiados. Se atentó contra Antonio Navarro Wolf del M-19, fue asesinado el vocero del EPL, Oscar William Calvo, mataron al dirigente del M-19 Carlos To­ledo Plata, entre muchos otros. Con ello se perdió la oportunidad de lograr los cambios necesarios para el progreso nacional.

El 6 de noviembre de 1985 un co­mando guerrillero del M-19 toma el Palacio de Justicia, con la intención de juzgar a Belisario Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de paz y reinser­ción, y llevarse a los magistra­dos a otro país. En ese edificio funcionaba, además, de la Corte Suprema de Justicia, el Conse­jo de Estado. Ambos organismos venían cuestionando seriamente, desde el punto de vista jurídi­co la aplicación el Colombia de la Doctrina de Seguridad Nacio­nal que convirtió las Fuerzas Ar­madas del Estado en verdugos de su propio pueblo. El generalato desconoció la autoridad del Pre­sidente y en una política de tie­rra arrasada retomó las insta­laciones, causando un holocaus­to del cual no hay responsables. Se perdió allí lo mejor y más progresista de la jurisprudencia colombiana del siglo XX, junto a medio millar de inocentes.

En 1986 el nuevo gobierno de Virgilio Barco Vargas intentó firmar con las FARC un protocolo de ratificación que no progresó. Es entonces cuando las organiza­ciones FARC, ELN, M-19, EPL, PRT, Quintín Lame y MIR-Patria Libre, crean la Coordinadora Nacional Gue­rrillera “Simón Bolívar” en 1987.

Acuerdo de paz y reinserción del M 19. En 1990, durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas se firma el acuerdo de paz y reinserción, am­nistía e indultos con el M-19. Un total de 800 combatientes entre­gan sus armas. Quizás el factor que coadyuvó, principalmente, a la rup­tura del esfuerzo unitario deno­minada “Coordinadora Nacional Gue­rrillera “Simón Bolívar”, fue el M-19, que había perdido dirigentes de la talla de Jaime Bateman, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, que encarnaban la opción clasista de la organización, y se encontraba bajo la dirección de Carlos Pizarro, An­tonio Navarro Wolf y el equipo que condujo la pacificación y entre­ga de este grupo revolucionario. Carlos Pizarro fue posteriormente asesinado, mientras Antonio Navarro ocupó altos cargos en el gobierno de Cé­sar Gaviria Trujillo.

Acuerdos de paz con el EPL, el PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame en 1991. El delirio represivo de los años 80-90’ arrojó cuatro can­didatos presidenciales asesina­dos, estos fueron: Jaime Pardo Leal y Bernar­do Jaramillo de la Unión Patrió­tica, Carlos Pizarro León Gómez del AD-M19 y Luis Carlos Galán Sarmiento del Nuevo Liberalis­mo. Igualmente fue liquidada una generación de dirigentes medios de la organización Unión Patrió­tica, que provenían del Partido Comunista Colombiano, del Movi­miento Amplio Colombiano y otras organizaciones. 6.000 hombres y mujeres fueron abatidos, en un hecho condenado expresamente por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interame­ricana de Derechos Humanos. Has­ta ahora no hay culpables.

En este clima de terror firma­ron acuerdos de paz, durante el año de 1991 y bajo el gobierno de César Gaviria Trujillo, las orga­nizaciones Quintín Lame, PRT y EPL. La mayoría de los milicianos rein­sertados de esta última organiza­ción pasaron a integrar la policía política del gobierno burgués.

Pero la oligarquía y su régi­men aprovechan la derrota popu­lar para convocar la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que consagró una nueva Carta Mag­na de corte neoliberal, pero con un bellísimo capítulo dedicado a los “Derechos Humanos”. Simultá­neamente al inicio de las deli­beraciones de la ANC las fuerzas militares bombardearon la Casa Verde, sede de la Comandancia de las FARC, con lo cual rompían la tregua y las conversaciones de paz de Caracas y Tlaxcala entre esta organización revolucionaria y el gobierno Colombiano.

Conversaciones de paz y despeje de la zona del Caguán Entre los años 1999 y 2002 las FARC y el Gobierno de Andrés Pas­trana Arango adelantaron conversa­ciones en San Vicente del Caguán, Caquetá. Según el Gobierno, un to­tal de 117 atentados terroristas atribuidos a las FARC, entre el 20 de enero y el 20 de febrero de 2002, justificaron la decisión presidencial de terminar con este laboratorio de paz, al que se su­maron cuatro gobiernos extranje­ros y gran número de organizacio­nes sociales colombianas.

Pero, el 20 de noviembre de 1998, cuando el Presidente Pas­trana decretó la zona de despe­je en cinco municipios con área de 42.000 Km2 nunca se acordó un cese al fuego, ni las FARC fueron obligadas al desarme, ni renun­ciaron a actuar con las comunida­des. Las FF.AA del Estado siempre acariciaron la idea de cercar a la dirigencia guerrillera para exterminarla, en contubernio con las fuerzas paramilitares y la asesoría del Pentágono.

Esta última oportunidad para la paz demostró, una vez más, que la alianza entre el imperio Norte­americano y la oligarquía colom­biana apuestan por el sojuzga­miento del pueblo, que su versión de la paz no incluye la justicia social ni la equidad económica, pero quiere ver a sus oponentes políticos muertos o emigrados. Y el pueblo aún no acumula la fuer­za social y política necesaria para quebrar esta voluntad.

Podemos afirmar que la paz de­bió iniciarse hace casi tres mi­llones de muertos, parodiando a un Comandante guerrillero.

La evolución de los acuerdos de paz entre insurgentes y el gobier­no colombiano permite vislumbrar el fenómeno de la guerra, pero disfraza sus causas. Sumirnos en el recuento de los acuerdos in­cumplidos sólo nos lleva a ocul­tar las razones que dieron origen al conflicto y, fundamentalmente, facilita que se nos presente el problema político, social, econó­mico y cultural como la confron­tación entre el Gobierno de un Estado asediado, contra unas vo­ces, insurgentes ayer, “terroris­tas” hoy, “renuentes a cualquier salida en los marcos del diálo­go”, vertiente que ha querido im­poner la clase política dominante colombiana y que sustenta la mal llamada "Seguridad democrática".

La dinámica de la guerra en Co­lombia presenta una fuerte con­notación de clase. En su génesis intervienen factores relaciona­dos con la acumulación primaria, la creciente monopolización eco­nómica, la hiper-concentración de la tierra en manos de latifun­distas, la naturaleza dependiente del régimen político y económi­co neogranadino, el carácter de­lincuencial de la clase política oligárquica, la ausencia de vías de participación y expresión po­líticas alternativas al estable­cimiento, la criminalización de la protesta social, entre otros. La burguesía Colombiana se ha caracterizado por no reparar en medios para alcanzar su objetivo primario, la acumulación de ri­queza.

La lógica de implantación de la guerra es producto, en pri­mer lugar, de la naturaleza de la acumulación de los grandes capi­tales colombianos, que han sabido manejar estrategias y prácticas legales e ilegales (delincuen­ciales), desde cuando el imperio español impuso las restricciones al comercio que auspiciaron el contrabando, luego en la extrac­ción y venta clandestina de es­meraldas a los mercados interna­cionales –principalmente Estado­unidense-, posteriormente en la participación como elemento fi­nanciero y el lavado de capitales en los casos de la “Bonanza Marimbera”, el circuito de la co­caína y el más reciente desarrollo de la industria de la heroína con destino a los EE.UU y Europa. De esta conducta delincuencial surgió un comportamiento mafioso que se filtró desde la oligarquía colom­biana y ha contaminado importantes sectores de las clases medias.

En segundo lugar, la presencia de altos niveles de concentra­ción en sectores completos de la economía, convertidos en mo­nopolios, que en su dinámica de acumulación se han transformado, producto de fusiones y alianzas, en conglomerados económicos, lo cual ha tenido en lo polí­tico su expresión correspondiente al privilegiar la salvaguarda de los intereses, principalmen­te, frente a lo que consideran el enemigo principal, las clases populares. Cabe anotar que los capitales ilícitos han sido per­manentemente incorporados a la economía lícita bajo la figura de “Amnistías tributarias”. Con esta figura se facilitó el blan­queo de capitales que favorecie­ron la concentración monopólica y los conglomerados económicos. Se cierra el círculo económico, se restringen las libertades po­líticas y sociales.

En tercer lugar, el papel fun­damental que desde el nacimiento de la República de Colombia ha jugado el imperio Estadouniden­se. La diplomacia y la conducta política y comercial de los EEUU determinaron que los presupues­tos de la relación entre el Es­tado (como aparato de coerción y control social) y la burguesía, con los sectores populares, en especial el Campesinado rebelde y la clase obrera organizada, si­guieran la orientación represiva y genocida de las doctrinas impe­riales.

De allí la adopción de la Doctrina Contrainsurgente de la Seguridad Nacional que convirtió al pueblo en el “Enemigo inter­no”, para la aplicación de los planes LASO (1964), ANDES (1968), Manual Para el Planeamiento de la Seguridad Nacional (1974), Estra­tegia Nacional Contra la Violen­cia (1991), Plan Colombia (1998) devenido después en "Plan Patrio­ta", que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se ha denominado ”Plan de Seguridad Democrática” Todos generados desde el Pentá­gono y el Departamento de Estado, argumentados con la premisa del combate a unos delincuentes que supuestamente perdieron sus con­tenidos ideológicos e incluso alegando la lucha contra el Narcotráfico.

Lo novedoso de la “Estrategia de guerra Uribista” consiste en negar el conflicto social, polí­tico, económico, cultural y mi­litar, pero aplicar la guerra de exterminio para imponer la eco­nomía mafiosa que lo ha escogido, bendecido y legalizado, como su principal exponente. El desarro­llo de lo que Uribe denominó “Plan de Seguridad Democrática” incre­mentó y oficializó la presencia directa de asesores y tropas del Ejército de EEUU y de empresas de mercenarios de guerra, situación que tambien heredo pero que después auspicio en una es­calada que intenta cubrir con la hoja de parra de doctrinas Norteamericanas como la de la “Guerra Preventiva” o “Doctrina Bush”.

La dinámica militarista Norte­americana, a través de Uribe, ame­naza con regionalizarse y el mejor ejemplo fue la re­ciente violación de la soberanía Ecuatoriana por parte del gobier­no Colombiano y que desnuda los esfuer­zos del Departamento de Estado y el Pentágono por involucrar a la región en el conflicto interno Neogranadino, pero también es un globo de ensayo para preparar las condiciones de una intervención militar directa contra el proceso integracionista que lidera el presidente Hugo Chávez, bien sea directamente en Venezuela o mediante una conflagración regional, pero eso no solo ha quedado allí puesto que hemos visto como de manera flagrante y descarada fue sacado de su país (Honduras) el presidente Manuel Zelaya, hecho consumado a través de un golpe de estado que sin dudas fue orquestado y dirigido por la Central de inteligencia Norteamericana y el Pentágono (CIA).

Concluyamos pues, y entendamos que los objetivos del imperio son sobreponerse a la crisis económico social que atra­viesa y que le pone en desventa­ja frente a potencias emergentes que amenazan su hegemonía; romper con los procesos sociales progre­sistas que avanzan en la región (Revolución Ciudadana, Revolución Bolivariana, Sandinismo, quebrar el avance popular en Bolivia, Ecuador, y en otros paises, pero su principal objetivo es quebrar la integración Latinoamerica­na; con ello derrotar a la insurgencia Co­lombiana sin ceder un ápice a sus demandas y a las causas del con­flicto histórico que se desarro­lla en ese país. Por eso un ré­gimen, como el que encabeza el presidente Uribe, y un sistema que se sostiene en la guerra, en el Paramilitarismo y en la mafia, todos esos elementos convierten a Colombia en un anacronismo necesario para desestabilizar toda la región.

La superación de ese anacronismo se convierte en un objetivo táctico regional, lo cual ya se ha puesto en marcha luego de la interpelación a la cual fue objeto el presidente Uribe en Argentina y en donde se dejo clara y categóricamente establecido el rechazo de todos los países de America del Sur en contra de las bases de la muerte que permitirá instalar su gobierno en territorio Colombiano.

Por eso vemos como la UNASUR se ha fortalecido y de manera estratégica también algunos gobiernos a la medida de lo posible estan haciendo esfuerzos para fortalecer sus Fuerzas Armadas, adquiriendo equipos de ultima generación, tal es el caso de Brasil, Ecuador y Venezuela, no con la intencion de agredir a otros paises hemanos sino para defender el sagrado suelo Patrio, puesto que a partir del momento en que se instalen las tropas Norteamericanas en Colombia esos paises serán su objetivo, y no por la entupida idea de erradicar el ideal Bolivariano y Socialista auspiciado por el Comandante Chavez, sino porque es alli donde se encuentran las mayores reservas naturales, las inmensas cuencas hidrográficas y la mas amplia Bio-diversidad del Planeta. Eso es lo que atrae al vil y canalla Imperio a nuestra America.


¡No nos equivoquemos Compatriotas, porque esa es la pura verdad!